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“Es como si nos hubieran matado la mamá”: comunidades por derrame de petróleo

Buen Vallenato

En una reunión de alto nivel, las comunidades afectadas por el derrame de crudo en el caño Muerto y en la quebrada La Lizama denunciaron los problemas que desde ya están viviendo por la emergencia ambiental que ya completa 22 días.

En la mañana del viernes 2 de marzo, una mujer que trabaja para el Sistema de Vigilancia de Ecopetrol vio a dos niños pasar con los zapatos llenos de aceite. “¿Por qué tienen los zapatos así?”, les preguntó. Ellos le respondieron que había un charco de todos los colores más atrás del camino polvoriento que atraviesa la finca de palma de aceite Santo Tomás.

⎼Tráiganme un poquito de ese charco en este frasquito⎼ les dijo ella.

Ellos le hicieron caso, y siguieron hacia La Fortuna, un caserío que se parece a tantos en Colombia: dos hileras de casas a lo largo de un camino sin pavimentar, una escuela, una tienda, una iglesia cristiana. A las 12:10 del mediodía de ese viernes, Ecopetrol, la empresa que maneja el campo petrolero Lizama, ya sabía que cerca al caño Muerto había un chorro de petróleo que no debía estar allí. El afloramiento, que es como le dicen los ingenieros de petroleos al chorro, está a unos 300 metros de La Fortuna.

No es fácil verificar qué tan cierto es el relato de Fabio Hernández, el líder veredal que me contó la historia. Pero esa es la versión que corre a lo largo del pueblo que hoy está sumido en una catástrofe ambiental sin precedentes en Colombia.

En 22 días, se han derramado 23.440 barriles de petróleo, lodo, agua y gases a lo largo de 24 kilómetros del caño Muerto, la quebrada la Lizama y el río Sogamoso. Según miembros del movimiento ambiental de la región, pescadores han visto visos iridiscentes en la desembocadura del Sogamoso en el Magdalena.

Todavía no está muy claro qué pudo hacer que, de la nada, del caño Muerto brotara una columna líquida de petróleo que según alcanzó los diez metros de alturaJuan Gabriel Zapata, director de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). La hipótesis de Ecopetrol es que un temblor en Zapatoca (Santander) aumentó la presión dentro del pozo Lizama 158, sellado desde 2017. El petróleo se habría escurrido hacia el caño, al no encontrar una salida por la cabeza del pozo.

Sin embargo, esa teoría no convence a todo el mundo. Ni siquiera al mismo Ecopetrol. “No hay una explicación hasta ahora”, dijo Ricardo Curán, el vicepresidente de producción de Ecopetrol, en una reunión privada con el Ministerio de Ambiente, la Anla, la CAS, la Gobernación de Santander y otras entidades encargadas de atender la emergencia.

Para encontrar respuestas, la empresa está esperando que le llegue un largo cable tubular que permite bajar un sensor sónico y de temperatura a lo más profundo del pozo y que, en medio de la oscuridad, puede ver los posible puntos de fuga dentro de Lizama 158. Así se comprobaría si hubo fallas estructurales, algo que, hasta la fecha, Ecopetrol descarta de forma tajante.

Mientras tanto, la empresa intenta atajar el petróleo en 16 puestos de control ubicado a lo largo del caño Muerto y la quebrada La Lizama. Ya evacuaron 15 familias y han recogido más de 1.200 peces, patos, babillas y culebras vivos, pero evaden responder cuántos animales han encontrado muertos. “Lo importante, más allá de eso, es que estamos respondiendo”, me dijo Eduardo Uribe, vicepresidente de sostenibilidad ambiental de la empresa, tras su visita a La Fortuna.

Unas horas antes, Uribe estaba sentado en el centro de una larga mesa improvisada junto al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y la directora de la Anla, Claudia González. Los tres habían viajado desde Bogotá hasta La Fortuna para reunirse con el pueblo en el único lugar lo suficientemente grande para albergar a todos: la iglesia.

Y aun así, no todo el mundo pudo entrar. Hubo quienes escucharon la reunión asomados por las ventanas enrejadas del templo. Los niños correteaban alrededor de la capilla, y saltaban para enterarse de la conversación dentro del salón. El microfono rotó, primero, entre los voceros oficiales. Compartieron las cifras, los planes de manejo, los reclamos mutuos que ya llenaron páginas de prensa, emisiones de radio y televisión. Luego habló la gente.

“El caño muerto le da el agua a unas 16.000 cabezas de ganado”, dijo Fabio Hernández, el director de Asorural, una asociación que acoge a todas las juntas de acción comunal de La Fortuna y La Meseta. “Me enseñaron ayer los pescadores de Puerto Sogamoso que es un caño adorado por ellos. Sus aguas lénticas y con piscinas son el sitio ideal de criadero de peces que llegan más tarde al río Sogamoso y a poblar las ciénagas que nos rodean”, siguió Hernández, quien calcula que son 300 los pescadores que se han visto afectados.

“Todo esto se acabó. El caño Muerto quedó como dice su nombre: muerto”, dijo Hernández.

Más tarde, Daisy Triviño, una mujer con gafas y pelo teñido de rubio, se levantó y con una voz al mismo tiempo fuerte y temblorosa, contó que desde que empezó el derrame su nieta, de cinco años y con problemas cardiorrespiratorios, se levanta todas las noches ahogada y vomitando. Ella, que también sufre del corazón, llevaba dos días levantándose “con la nariz reventada”. “Me cuesta mucho respirar”, dice.

Muestra la orden médica que asegura que, por causas “no identificadas”, su nieta estaba sufriendo de alergias que le estaban cerrando la tráquea. “Se le pone el pecho rojo y me dice que no puede respirar”, cuenta. “El médico le dijo que tenía que salir ya de aquí”. Dice que su hermana, también con problemas cardíacos, vive el mismo infierno sofocante.

A su lado se levanta Marco Antonio Caicedo, un joven moreno y de pelo negro. Marco Antonio no se mueve ni desvía la mirada de la mesa central mientras Triviño cuenta que él tiene una niña prematura, de dos meses de nacida, que desde el 5 de marzo fue hospitalizada por problemas respiratorios. Salió el 9, pero Marco Caicedo regresó a la Clínica Magdalena dos días después. La bebé fue internada otros seis días. Esos viajes, más los tres medicamentos que le recetaron a su hija, le costaron al pescador un millón de pesos.

“Aquí no ha venido nadie a hacernos censo ni a preguntarnos cómo estamos”, me cuenta Marco tras la reunión. Y es cierto: si bien Ecopetrol ya censó a 152 personas, todas vivían a lo largo del cauce de los cuerpos de agua. Los habitantes de La Fortuna, el caserío a 300 metros del pozo, no fueron incluidos en ese registro.

“Queremos que no pongamos muertos, sino que encontremos soluciones para la vida”, concluyó Triviño, con los brazos de su nieta amarrados a su cintura. Tras esa intervención, un campesino grande que no dijo su nombre se puso de pie y dejó en el suelo a un minúsculo cachorro que había cargado todo del día. Tomó el micrófono, y a pesar del afán de los funcionarios para terminar la reunión, se dirigió a ellos: “es que ustedes tienen que entender que esto para nosotros es, hagan de cuenta, lo mismo que si se nos hubiera muerto la mamá”.

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